El derecho de las audiencias y la manipulación desde el poder: La Carreta
Por *Eréndira Karina Córdoba
Lunes 03 de agosto del 2026
En un país donde la corrupción y la inseguridad se han vuelto un paisaje cotidiano, el derecho de las audiencias debería ser un escudo, no un lindo adorno dentro de un discurso dicho por algún funcionario. La ciudadanía no pide ni necesita que el gobierno piense por ella, lo que se necesita es que se atiendan las condiciones mínimas de seguridad, salud, educación y economía.
La verdadera garantía no está en que el gobierno decida por la ciudadanía qué información es válida y qué es mentira, sino en que se garantizaran los servicios básicos y la libertad de expresión. Lo que lleva de fondo ésta fachada de censura disfrazada de “protección” busca anular el criterio propio y abrir la puerta para generar tendencias politizadas.
Lo que un mexicano de a pie pide es, en primer lugar, protección de la inseguridad que impera en el país, protección de la salud desplazada por un sistema de deficiente, protección de la educación de nuestros hijos con un sistema educativo competitivo, protección de nuestra economía familiar con políticas económicas sensatas y protección de nuestro derecho a la libertad de expresión, con leyes claras que no queden sujetas a la interpretación arbitraria.
El derecho de las audiencias no es un permiso para censurar, sino una garantía para que la información pública sea veraz, contrastada y libre de manipulación. Sin embargo, en México hemos normalizado que desde el púlpito presidencial se lancen cifras falsas, narrativas engañosas y promesas incumplidas.
Uno de los temas centrales es la violencia, misma que no se combate con discursos, sino con políticas públicas efectivas y datos confiables. Minimizar cifras o manipular estadísticas es sin duda, otra forma de violencia simbólica que desarma a la ciudadanía y erosiona la democracia.
El comparativo histórico revela que México pasó de un ciclo de violencia extrema (2018–2020) a una ligera caída en 2025. Sin embargo, la narrativa oficial que presume la falacia de pacificación, oculta que la violencia sigue siendo estructural, ya que las cifras maquilladas desde el poder, son otra forma de agresión contra la ciudadanía.
El tema de las mentiras en las mañaneras ha sido ampliamente documentado, diversos medios y organizaciones han contabilizado decenas de miles de afirmaciones falsas, imprecisas o engañosas en las conferencias matutinas. El problema no es sólo la cantidad, sino el efecto, ya que se normalizó la desinformación desde el poder y se puso en duda la confianza pública.
La desinformación no es un error aislado es, ciertamente, una estrategia de poder. Cuando desde el púlpito presidencial se lanzan miles de afirmaciones falsas —más de 91 mil mentiras documentadas en las mañaneras— no estamos ante simples imprecisiones, sino ante un mecanismo de desgaste, una forma de violencia simbólica que busca sustituir el criterio ciudadano por la obediencia ciega.
La mentira oficial erosiona la democracia porque desarma a la ciudadanía, en el ritmo de que si todo lo que escuchamos es propaganda, ¿Cómo exigir rendición de cuentas? el discurso oficial divide entre “pueblo bueno” y “enemigos”, en lugar de construir consensos. Si los datos oficiales son falsos, se vuelve casi imposible exigir resultados reales.
Esta estrategia, además debilita instituciones, los organismos reguladores y los medios críticos son tachados de “enemigos”, cuando en realidad son la última línea de defensa. Si la ciudadanía percibe que todo es manipulación, se rompe el vínculo de credibilidad con las autoridades, entonces el derecho de las audiencias se convierte en un simulacro al minimizar cifras de violencia o corrupción, se impide diseñar políticas efectivas, por que no se buscan resultados, se buscan tendencias en la opinión pública.
La verdadera protección no está en decidir por nosotros qué leer o qué escuchar, sino en garantizar que la información pública sea transparente y verificable. El fondo real no es la censura, es el intento de terminar con nuestro criterio propio. Y ahí radica el peligro, ya que una sociedad sin criterio, es una sociedad sin libertad de pensamiento.
Defender el derecho de las audiencias es defender la democracia misma, eso es claro. Lo que también debemos señalar es que no necesitamos que nos protejan de discernir la información, es eso podemos solas y solos. Lo que exigimos es que el Estado deje de mentir, que cumpla con su deber de protegernos de la violencia, de la corrupción y de la impunidad, no que filtre la información.
Porque si la mentira se vuelve política de Estado, entonces el sometimiento de la libertad de pensamiento ya no es amenaza, es realidad. No se trata de que el gobierno nos diga qué creer, sino de que garantice que la información pública sea accesible y transparente, aunque por más que se intente implementar una mentira, la realidad que vive cada ciudadano, es la que le ofrece la verdad sin filtros.
Sin duda las miles de afirmaciones falsas en las mañaneras son un mecanismo para desgastar el criterio ciudadano y normalizar la ausencia del pensamiento crítico. El fondo real no es protegernos de la información, sino arrebatarnos la capacidad de discernir. La defensa del derecho de las audiencias es, en esencia, la defensa de la democracia.
La pregunta obligada es entonces, “¿no hay problema en mentir?. Mientras parte de la población acepte esas narrativas como verdades, el costo político de mentir se reduce. Por eso, el antídoto es fortalecer medios críticos, periodismo independiente y ciudadanía informada que confronte las cifras con datos verificables.
El derecho de las audiencias no significa que el gobierno decida por nosotros qué leer o qué escuchar. Significa que la información pública debe ser veraz, transparente y contrastada. La mentira oficial erosiona ese derecho y convierte la comunicación en propaganda.
La ciudadanía no necesita que el Estado piense por ella, en el hecho de discernir la información que se publica no necesitamos que nos protejan, podemos solos. El fondo real es que quienes se atreven a decir las verdades incómodas y verificables, han sido callados por las balas.
Defender el derecho de las audiencias es defender la democracia misma. Mentir desde el poder no es gobernar, es violentar. Y frente a la mentira oficial, la verdad es lo que, los que si mienten, quieren imponer sus cifras a medias, bien reza el dicho, perro no come perro, mientras tanto, la ciudadanía continúa entre el fuego cruzado.
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